Los diferentes Pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, desde hace varios años, están siendo perseguidos y desplazados por grupos de poder de sus originales tierras, dejándolos en situación total de vulnerabilidad, teniendo en cuenta su estrecha relación con su hábitat natural para su supervivencia y preservación de su cultura.
Tras varios años de labor con grupos indígenas, desde el 2014 integro un equipo de trabajo en el Ministerio de la Defensa Pública, formado por el Sociólogo y perito experto en temas indígenas el Lic. Cristóbal Ortiz, la Abogada y Antropóloga Dra. Ana María Fernández y el Abog. Aníbal Valdez, quienes están realizando un relevamiento denominado Observatorio de Cárceles de personas miembros de Pueblos Indígenas privadas de libertad. A mi cargo está la documentación fotográfica de este proyecto. En estos casi dos años de trabajo hemos comprobado algunos puntos resaltantes:
- El aumento de la población indígena en las cárceles,
- La ignorancia en cuanto a la aplicación del “Derecho Consuetudinario”, que son las normas jurídicas sobre los usos y costumbres de los pueblos indígenas, reconocido por el poder Judicial y las leyes nacionales, diferente al “Derecho Positivo” que rige para los ciudadanos paraguayos. En Paraguay, muchas de las propias autoridades judiciales (jueces y fiscales) tienen muy poco conocimiento de este derecho y por lo tanto es común que se juzgue a miembros de comunidades indígenas de manera irregular. Como ejemplo podemos mencionar que en los juicios pocas veces participan traductores y peritos expertos en temas indígenas, cuando eso se logra comprobar el proceso queda inválido.
- La existencia de indígenas en situación de cárcel que ni siquiera figura en las planillas de las cárceles.
- La falta de recursos de los familiares para visitar a los detenidos, presos a cientos de kilómetros de sus comunidades (Desarraigo).
- Los problemas de comunicación existentes entre los detenidos y sus abogados defensores, pueden pasar de meses a años para recibir respaldo legal, y entre los detenidos y sus familiares, muchos ignoran la situación de los familiares detenidos, dándolos por desaparecidos.
A modo de cuantificar los casos de indígenas en situación de cárcel a nivel nacional, y tras los relevamientos que nuestro equipo viene realizando (no hay datos oficiales previos) podemos decir que actualmente hay un promedio de 224 indígenas (entre adultos y menores) detenidos en las penitenciarías de Pedro Juan Caballero, Concepción, Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Emboscada, Tacumbú, Buen Pastor, Encarnación, Villarrica y San Pedro. La mayoría de los detenidos están sin condena, y recluidos a distancias kilométricas de sus lugares de origen, dificultando la visita de familiares y abogados defensores.
Por estas razones, muchos de ellos quedan presos varios meses, incluso en algunos casos por años, olvidados por la justicia paraguaya, hasta que finalmente son liberados por ser declarados inocentes o por no haberse respetado el debido proceso, provocándose un daño irreparable en sus vidas.
Esto, además de causar graves consecuencias en su cultura, de insertar miedo a los integrantes de estos pueblos, conlleva al aumento del desarraigo y presagia un futuro no muy alentador para este sector de la sociedad.
En nuestro país no existen trabajos previos ni datos oficiales sobre esta problemática. Con el trabajo fotográfico que estoy realizando pretendo visualizar esta debilidad en el sistema penal y darle continuidad a la documentación que hasta el momento vengo realizando con la finalidad de abrir un debate sobre la situación que viven actualmente los pueblos indígenas en situación de cárcel en el Paraguay.
Amadeo Velázquez 